Sin embargo, el proceso se limita a aprobar leyes acompañadas de encendidos discursos reivindicativos, mientras que la desidia en la gestión pública impone inercias e indiferencias.

Un ejemplo concreto se da con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable cuya ineficacia llega a tal punto que ha motivado severos cuestionamientos en los círculos médicos internacionales más prestigiados.

La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionada en el año 2003 crea un programa nacional con el objetivo de posibilitar decisiones sexuales libres de discriminación, coacciones o violencia, para prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de las adolescentes y disminuir la mortalidad materna.

Para ello, plantea el acceso gratuito a información, orientación y métodos anticonceptivos, estableciendo incluso la posibilidad de acceder a ligaduras de trompas de Falopio y vasectomías. Se establece que los hospitales públicos brindarán estos servicios en forma gratuita y las obras sociales y empresas de medicina prepaga en igualdad de condiciones que el resto de las prestaciones.

Consistente con ello, en el presupuesto 2010 del Ministerio de Salud Nacional se contempló una partida de $32 millones para suministrar 22 millones de tratamientos y 24 millones de preservativos.

La educación sexual y la procreación responsable son motivos de controversias morales, éticas y religiosas. Sin embargo, hay evidencias objetivas que muestran que tienen asociadas consecuencias muy importantes sobre las adolescentes, especialmente las que integran los hogares pobres.

En este sentido, datos extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares del INdEC referidos al 4° trimestre del año 2009 señalan que en los grandes aglomerados urbanos viven aproximadamente 32.000 adolescentes con entre 14 y 20 años que declaran tener al menos un hijo. Estas jóvenes tienen perfiles socioeconómicos muy diferentes al promedio de las adolescentes.

Según esta fuente oficial se puede observar que:

• El 40% pertenece al quintil más pobre de la sociedad y otro 34% al segundo quintil.

• El 83% ha dejado de estudiar.

• El 59% no trabaja ni busca trabajo, es decir, se ha convertido en ama de casa, el 22% está desempleada y sólo el 19% tiene empleo.

Los datos confirman que la maternidad adolescente es un fenómeno que incide con mucha mayor intensidad entre los hogares de más bajos ingresos. Asumir un rol reproductivo a esas edades generalmente tiene asociado la deserción escolar y la inactividad laboral.

Esto condiciona severamente el futuro, ya que son muy bajas las chances de que se reincorporen al sistema educativo y al mercado laboral formal. Planteado en esta perspectiva, la educación sexual para una maternidad responsable tiene una importancia estratégica desde el punto de vista del desarrollo económico y social.

La revista The Lancet es una de las publicaciones académicas, especializada en medicina, más prestigiosas del mundo. En la editorial del 21 de agosto alerta sobre los retrocesos que se produjeron en Argentina en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En base a un estudio realizado por la organización Human Right Watch, la publicación resalta que las mujeres, y especialmente las adolescentes, sufren una atención negligente y abusiva en los hospitales públicos. La razón no es la falta de leyes, sino la desidia que prevalece en la gestión pública.

Según esta fuente, se estima que la Argentina tiene una de las tasas de abortos más altas del mundo —40% del total de embarazos, el doble que el promedio de América Latina– y la mayoría son ejecutadas en condiciones inapropiadas.

En el año 2008, más del 20% de las muertes en las áreas de emergencia obstétrica fueron causadas por abortos realizados en condiciones inadecuadas. Se trata de uno de los principales factores de mortalidad materna.

El aborto en Argentina está prohibido, aunque se autoriza cuando está en riesgo la madre o hubo violación. Sin embargo, el reporte señala que las mujeres sufren injustificadas demoras, derivaciones innecesarias, solicitud de permisos a los esposos y la negación de las intervenciones.

El abismo entre las normas y la realidad esta íntimamente vinculado a una organización del sector público alejada del esquema federal que fija la Constitución. Las acciones de salud pública son responsabilidad no delegadas por las Provincias.

Pero la apropiación de recursos fiscales por parte de la Nación termina legitimando la baja calidad de los hospitales provinciales y municipales e induciendo compras centralizas en el nivel nacional de insumos hospitalarios.

Esto implica avasallar funciones provinciales y da pie al clientelismo, la burocratización y la corrupción.