Cuatro diputados presentaron sus proyectos para poner en marcha el servicio cívico voluntario. será para jóvenes sin trabajo y se utilizaran instalaciones del ejercito.

Se viene la discusión por la “colimba light”. En el marco de una serie de proyectos de ley para combatir la inseguridad, en estos días se debate el Senado una iniciativa que, sin dudarlo, traerá polémica: la instauración del denominado Servicio Cívico Voluntario, una especie deen la que jóvenes sin estudios completos y sin trabajo podrán encontrar formación docente y capacitación en oficios, y que sería impartido en las instalaciones ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero hay una cuestión que hará ruido en los pasillos parlamentarios y en la opinión pública: ¿hasta qué punto la instrucción que recibirán los chicos que entren a este programa se diferenciará del servicio militar obligatorio, que en nuestro país fue abolido en 1994, tras el trágico caso Carrasco? “colimba”

En un principio, en el plenario de las comisiones de Justicia y Seguridad Interior se presentaron los cuatro proyectos que trataban este tema: uno de la cobista mendocina Laura Montero, otro del peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá, un tercero del radical Ernesto Sanz y el último, del oficialista José Pampuro.

El martes pasado, en la reunión de comisiones, expusieron los rectores de las universidades de La Matanza y Tres de Febrero, para evaluar las iniciativas, sus posibles resultados e incluso ofrecer personal docente para ayudar en la tarea instructiva que se llevará a cabo. Dos días después, los asesores de los senadores integrantes de estas comisiones se reunieron para comenzar a definir un rumbo común y poder sacar lo mejor de los cuatro textos.

Crónica ya puede adelantar qué se tratará a partir del 21 de septiembre, cuando se celebre el próximo cónclave en el que se debatirá sobre este tema. Según aseguraron integrantes de la Comisión de Justicia, en la reunión técnica se logró unificar ciertos criterios. En principio, uno de los temas en los que fue difícil ponerse de acuerdo fue el de los límites de edad para admitir el ingreso. Se tomará como edad mínima los 14 años, y como máximo los 24, aunque se incluirá una cláusula en la que se puedan contemplar alguna excepción.

Como mínimo, los miembros del Servicio Cívico estarán internados durante un año. La senadora Montero explica: “Se les dará formación educativa, pero a su vez en oficios y cierto tipo de contención, que tiene que ver con la satisfacción de sus necesidades básicas, junto con un seguimiento de su situación sanitaria. La cuestión es sacar a estos chicos de la calle”.

Sobre el financiamiento, hay senadores que plantean sus dudas: ¿quién se hará cargo y de qué manera? Así lo expresa el sanjuanino César Gioja, en diálogo con este diario: “Hay que profundizar un poco el estudio sobre el tema de la financiación, mirar bien quiénes son los que van a tener la capacidad operativa de llevar adelante el proyecto. Los proyectos centrales no cumplen en este sentido”.

Para el desarrollo de este programa se utilizarán las instalaciones ociosas del Ejército, y si bien las fuentes consultadas negaron que el personal de las fuerzas armadas se haga cargo de la instrucción a los jóvenes, en varios de los proyectos se exhorta a los ministerios de Defensa y al de Educación de cada distrito a designar a los tutores. Será otro de los puntos a debatir.