Retoman investigación sobre el caso de la senadora Dora Sánchez

El juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi ordenó medidas para conocer el flujo de dinero que existió entre el Gobierno nacional y la provincia de Corrientes y si esa asignación motivó a la senadora de esa provincia Dora Sánchez a cambiar su voto a favor de la Ley de Medios. Fuentes judiciales informaron que el juez libró oficios al Ministerio de Economía pidiendo saber cuáles y en qué monto fueron remitidos fondos a Corrientes en la etapa previa y posterior a la votación en el Congreso, que terminó aprobando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Martínez de Giorgi ordenó a Economía que informe cuánto fue el dinero que remitió a Corrientes, ya sea como fondos de coparticipación, por Aportes del Tesoro Nacional, u otras vías, según pudo saber Noticias Argentinas.

El juez quiere saber si Sánchez cambió su voto a favor de la ley a raíz de que su provincia recibió fondos de Gobierno.
En la causa, el fiscal federal Federico Delgado pidió varias medidas, entre ellas que Sánchez sea llamada a indagatoria algo a lo que el juez aún no hizo lugar.

Hay que determinar las razones por las que la señora senadora modificó su voto; en particular, si en ese tránsito su voluntad se alteró debido a alguna promesa ilegal u otro factor externo que eventualmente incidió sobre su ánimo, había justificado Delgado.
Esta investigación surgió tras una presentación realizada por el abogado Ricardo Monner Sans.

El letrado indicó en su denuncia que la propia senadora reconoció en una entrevista radial que había cambiado su voto a favor de la Ley de Radiodifusión, y que ha relatado lo que sería una práctica habitual delictuos

En las últimas semanas, la polémica sobre los ofrecimientos desde sectores oficialistas a senadores opositores para avalar proyectos afines al kirchnerismo fue reflotada con la denuncia pública del senador Emilio Rached.

Según dijo Rached a varios medios, cuando se disputaba la validez o no de la resolución 125 que imponía quitas a las exportaciones de granos, le llegaron ofrecimientos y hasta un mensaje a su celular que a cambio de apoyarla le prometía: pedí lo que quieras.

Otra de las novedades que depara esta semana, es que -tal cual lo anunció- el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, interpondrá un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal para que revise su procesamiento en la causa por las escuchas telefónicas ilegales.

La semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal le negó la posibilidad de acudir por la vía más fácil o bien con más probabilidades mediante un recurso de Casación, al considerar que el planteo era improcedente.

Según las fuentes, del juzgado a cargo de Norberto Oyarbide ya se envió la cédula de notificación del fallo de Cámara, y ahora Macri cuenta con tres días para interponer el recurso de ‘queja‘ ante la Sala III de la Casación, la cual intervino con anterioridad en la causa.

Una de las causas que preocupa a los Kirchner por la repercusión política que tiene, es la del escándalo de la valija con los 800 mil dólares, que intentó ingresar al país el venezolano Guido Antoinini Wilson.

Este lunes y luego de postergarse en dos ocasiones, el juez en lo penal económico Daniel Petrone prevé interrogar como testigo a un empresario uruguayo presunto socio de Antonini Wilson.
Alejandro Lagrenade, presidente de Unión Metalúrgica Industrial del Sur SA (Umissa), podría develar el círculo íntimo de los negocios que realiza Antonini Wilson, radicado en Estados Unidos y sin intenciones de venir a responder por el caso.
Lagrenade está vinculado también con el empresario Norberto Barcos, un íntimo de entonces de Antonini Wilson y a quien le confió el ‘problema‘ que tuvo con la valija apenas pisó la Argentina en agosto de 2007.

Según las fuentes, el venezolano Antonini Wilson posee autorización para disponer de unos fondos ubicados en una cuenta de un banco uruguayo, que sería de Barcos y Lagrenade